Sobre la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y Decretos Legislativos. Desde noviembre de 2002, el agua es reconocida por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como un recurso indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. En la actualidad, en torno a este recurso giran conflictos socioambientales a nivel nacional e internacional. Su contaminación, el calentamiento global y la degradación ambiental han hecho que este bien sea visto como un arma de poder y dominación cuando debería verse como lo que es: un derecho humano.
A la luz de la apertura de nuestro mercado al comercio internacional a través de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros, se ha implementado un marco legal que privatiza el manejo de nuestros recursos naturales, promueve las concesiones forestales, mineras y portuarias violando los derechos de las comunidades campesinas y nativas, la soberanía nacional y los derechos económicos, sociales y culturales.
El 31 de marzo último se promulgó la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, aprobada sin adoptar las propuestas de las organizaciones sociales, siguiendo la misma dirección de los derogados Decretos Legislativos Nsº 1081 y 1083. Esta ley tiene una naturaleza comercial pues abre la posibilidad de lucrar con su administración, no garantiza su uso y aprovechamiento sostenible, ni la preservación del medio ambiente, atenta contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas, anula toda facultad ejecutiva y decisoria de los Consejos de Cuenca centralizando su manejo en la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Así mismo, no prioriza el uso agrícola de este recurso ni la participación de la sociedad civil en el Consejo Directivo de la ANA. La agricultura es la base la alimentación, sino se le da la importancia que merece nos estamos condenando a depender de la importación de alimentos, al hambre, a la desnutrición y a la pobreza.
El rechazo del pueblo a las políticas que está desarrollando el actual gobierno se hace tangible en los Informes de la Defensoría del Pueblo, que al 31 de mayo último dan cuenta de 268 conflictos sociales. Lo sucedido en Bagua sólo refleja parte del descontento nacional. No se puede tapar el sol con un dedo, fundando organizaciones que buscan confundir a la población o buscando responsabilizar a otros de su accionar, tampoco con autoritarismo e intolerancia sancionando o eliminando al que se oponga o proteste.
El estado es soberano en el aprovechamiento de nuestros recursos es cierto, pero esta soberanía no puede ejercerse por encima de la vida, de la dignidad y del derecho de propiedad. Es urgente aperturar mesas de diálogo donde se tomen las propuestas de nuestros pueblos andinos y amazónicos de manera vinculante, es importante también implementar los mecanismos de participación ciudadana a fin que se ejerza el derecho a la consulta previa con la participación de verdaderos representantes de nuestros pueblos.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) es una organización que cree en la democracia y en virtud a este principio constitucional ha iniciado una lucha para derogar la Ley de Aguas Nº 29338 y los Decretos Legislativos Nsº 994, 997, 998, 1059, 1060, 1074, 1077, 1079, 1080, 1085, 1089, entre otros. En un principio bajo la figura de la iniciativa legislativa que deberá ser evaluada en el Congreso; y, de ser el caso, bajo un referéndum a fin que el pueblo decida qué leyes deben gobernarnos. En esta lucha estamos trabajando coordinadamente con fonavistas, estudiantes universitarios, jubilados y población en general que se aúne a esta propuesta (Nora Pérez C.)
Confederación Nacional Agraria 