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Archive for the ‘Ley de Aguas’ Category

El presidente de la Confederación Nacional Agraria-CNA, Antolín Huáscar, manifestó su total rechazo a la reglamentación de Ley nº 28029, que regula el Uso de Agua en Proyectos Especiales entregados en Concesión, publicada mediante DS 022-2009-AG, y que según el dirigente campesino ha sido “elaborada para brindar facilidades a las empresas que van a intervenir en las concesiones en mantenimiento, e infraestructura en cualquier obra pública de irrigación e hidroenergéticos”

Para Antolín Huáscar “este reglamente viabiliza la privatización del agua”, ya que no se podrá utilizar este recurso hídrico sin autorización de la empresa concesionaria, previo pago de la tarifa por el servicio. Es decir que desde ahora se cobrará una tarifa para el uso del agua que se suministrarán de nuestras fuentes naturales.

Se señala que la tarifa que deben pagar los usuarios comprende: operación y mantenimiento, cobertura para la recuperación de las inversiones del concesionario, gestión de riesgos. Es decir que con el dinero de los usuarios no sólo se va a recuperar los gastos de inversión sino también se va a cubrir hasta los riesgos que implica dicha inversión.

Para la elaboración de esta ley tampoco se ha a consultado a las comunidades ni a las organizaciones campesinas, nativas y agrarias que se verán afectadas, violándose nuevamente el Derecho al consentimiento previo, libre e informado, como se señala en el Convenio 169 de la OIT, refrendado por el Estado peruano. 

Se debe de señalar que para emitirse este reglamento se ha debido recoger la opinión de los Consejos de Cuenca, consejos que aún no están formado, lo que no ha impedido que esta norma entre en vigencia. Como tampoco se ha consultado a las Mesas de Trabajo sobre reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos nº 29338, que se vienen realizando en la PCM. Irregularidades que en vez de propiciar seguridad, genera mayor desconfianza.

Es por ello que “convocamos al Congreso de la República a intervenir y solicitar la interpelación al Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, y al ministro de Agricultura Dante de Córdova Veliz, por haber firmado este el DS 022-2009-AG, a espaldas del pueblo”, concluyó Antolín Huáscar.  

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Sobre la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y Decretos Legislativos. Desde noviembre de 2002, el agua es reconocida por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como un recurso indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. En la actualidad, en torno a este recurso giran conflictos socioambientales a nivel nacional e internacional. Su contaminación, el calentamiento global y la degradación ambiental han hecho que este bien sea visto como un arma de poder y dominación cuando debería verse como lo que es: un derecho humano.

A la luz de la apertura de nuestro mercado al comercio internacional a través de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros, se ha implementado un marco legal que privatiza el manejo de nuestros recursos naturales, promueve las concesiones forestales, mineras y portuarias violando los derechos de las comunidades campesinas y nativas, la soberanía nacional y los derechos económicos, sociales y culturales.

El 31 de marzo último se promulgó la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, aprobada sin adoptar las propuestas de las organizaciones sociales, siguiendo la misma dirección de los derogados Decretos Legislativos Nsº 1081 y 1083. Esta ley tiene una naturaleza comercial pues abre la posibilidad de lucrar con su administración, no garantiza su uso y aprovechamiento sostenible, ni la preservación del medio ambiente, atenta contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas, anula toda facultad ejecutiva y decisoria de los Consejos de Cuenca centralizando su manejo en la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Así mismo, no prioriza el uso agrícola de este recurso ni la participación de la sociedad civil en el Consejo Directivo de la ANA. La agricultura es la base la alimentación, sino se le da la importancia que merece nos estamos condenando a depender de la importación de alimentos, al hambre, a la desnutrición y a la pobreza.

El rechazo del pueblo a las políticas que está desarrollando el actual gobierno se hace tangible en los Informes de la Defensoría del Pueblo, que al 31 de mayo último dan cuenta de 268 conflictos sociales. Lo sucedido en Bagua sólo refleja parte del descontento nacional. No se puede tapar el sol con un dedo, fundando organizaciones que buscan confundir a la población o buscando responsabilizar a otros de su accionar, tampoco con autoritarismo e intolerancia sancionando o eliminando al que se oponga o proteste.

El estado es soberano en el aprovechamiento de nuestros recursos es cierto, pero esta soberanía no puede ejercerse por encima de la vida, de la dignidad y del derecho de propiedad. Es urgente aperturar mesas de diálogo donde se tomen las propuestas de nuestros pueblos andinos y amazónicos de manera vinculante, es importante también implementar los mecanismos de participación ciudadana a fin que se ejerza el derecho a la consulta previa con la participación de verdaderos representantes de nuestros pueblos.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) es una organización que cree en la democracia y en virtud a este principio constitucional ha iniciado una lucha para derogar la Ley de Aguas Nº 29338 y los Decretos Legislativos Nsº 994, 997, 998, 1059, 1060, 1074, 1077, 1079, 1080, 1085, 1089, entre otros. En un principio bajo la figura de la iniciativa legislativa que deberá ser evaluada en el Congreso; y, de ser el caso, bajo un referéndum a fin que el pueblo decida qué leyes deben gobernarnos. En esta lucha estamos trabajando coordinadamente con fonavistas, estudiantes universitarios, jubilados y población en general que se aúne a esta propuesta (Nora Pérez C.)

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