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Archive for 31 agosto 2009

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 CONFERENCIA DE PRENSA

Jueves 3 de Septiembre, Auditorio del MIMDES

En virtud del Convenio suscrito entre la República del Perú y el Reino de Bélgica este jueves 3 de septiembre se lanza el Programa de Formación de Líderes Indígenas en Gobernabilidad y Políticas Públicas Interculturales, que busca fortalecer capacidades en los líderes indígenas para promover una participación más activa en el proceso de descentralización, así como en la formulación de políticas públicas interculturales orientadas y enfocadas en el desarrollo con identidad.

 Con una inversión de 258.500 euros, la meta del Programa es capacitar a 240 líderes indígenas regionales y zonales de los andes y la amazonia, 100 estudiantes indígenas de nivel superior (universidades, ISP, IST) y 50 líderes nacionales, con los cuales se coordinará una agenda indígena nacional. Para ello se cuenta con seis módulos autoinstructivos -tres para la región y tres para la amazonia-, que abarcan temas como gobernabilidad, desarrollo con identidad y seguridad alimentaria.

En la ejecución del Programa participan el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Bélgica en Lima y la Cooperación Técnica Belga (CTB). Son organizaciones promotoras además la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)  y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

 

Día: jueves 3 de agosto de 2009 a las 9:00 a.m.

Lugar: Auditorio Institucional del MIMDES

Jr. Camaná N° 616 – Piso 6

Cercado de Lima

Persona de contacto: Edith Kusiquyllur Casafranca – Teléfono 2434359– Correo electrónico: kusiquyllur@gmail.com

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Mediante Oficio dirigido a la Comisión de Vivienda y Construcción

Ante el riesgo que 400 familias campesinas sean desalojadas de sus propiedades ubicadas en los alrededores del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez, la Confederación Nacional Agraria pide que se archive el proyecto de Ley Nº 3351/2008-CR presentado por el Poder Ejecutivo, que impone medidas cautelares de posesión temporal ilegítimas sobre sus tierras con el sólo pedido del Estado sin opción a ningún tipo de recurso legal.
 
Un proyecto de Ley que de aprobarse, dejaría en desamparo a más de 5000 pobladores de las asociaciones campesinas de los ex fundos San Agustín, ex fundo Bocanegra y ex fundo La Taboada – incluyendo a los habitantes de los Asentamientos Humanos de los alrededores- formadas luego de la reforma agraria, desconociendo su derecho a la propiedad, derecho al trabajo y derecho a la vivienda, al afectar tierras dedicadas a la agricultura que son fuente de trabajo y de subsistencia de estas familias.
 
La expropiación le da derechos al Estado de despojo de la propiedad cuando lo considera en bienestar o necesidad pública, pero éste no puede tomar la propiedad ajena sin antes cumplir con un pago justipreciado, por lo tanto es atentatoria a los derechos de los cientos de campesinos que viven y trabajan en estos predios. Es por ello que la CNA presentó su posición de rechazo a esta propuesta solicitando que se archive porque es injusto desalojar a estos pobladores sin siquiera pagarles por las tierras de su propiedad.

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“No es posible que en vez de sancionar a los verdaderos responsables de la tragedia de Bagua como la ex ministra Cabanillas y los generales que han causado tantos muertos y heridos en Bagua, se siga persiguiendo a los representantes del pueblo” sostuvo indignado Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA).

Ello, en alusión a la solicitud de la jueza Carmen Arauco a la Interpol para capturar a Alberto Pizango y cuatro dirigentes más. Es por ello que el presidente de la CNA no dudó en manifestar su solidaridad a los líderes de Aidesep, como Pizango y Teresita Antazú, víctimas de la persecución política, y al pueblo amazónico.

Asimismo el líder campesino comentó que junto a otros dirigentes de la CNA acababan de regresar de Bagua  “hemos visitado y hablado con los trece hermanos indígenas presos en la cárcel de Huancas (Chachapoyas), también con sus esposas y al resto de víctimas, varios de ellos niños, niñas y jóvenes, que están temerosos de hablar y que aún no reciben la ayuda necesaria de parte del Estado”. 

“Hemos visto con pena cómo una niñita de siete años tiene su barriguita con las cicatrices de bala; cómo un joven mototaxista de nombre Miguel aún sigue con la bala en el hombro debido a que no tiene dinero para operarse en Chiclayo y así hay muchas víctimas más, víctimas de las balas perdidas que aún no reciben ayuda médica ni sicológica de parte del Estado”.

“Y mientras tanto en Lima se están presentando proyectos de ley que buscan librar  de responsabilidades a las autoridades, y se persiguen a los dirigentes amazónicos que lo único que hacen es manifestar las necesidades del pueblo” señaló el dirigente campesino.

Debe saberse que Antolín Huáscar y David Ureta como representantes de la CNA han visitado del 22 al 26 de agosto, las zonas de Chachapoya, Bagua Grande y Bagua Chica, junto a los dirigentes de la Federación Agraria del Nor –Oriente Peruano (FANORP), para llevar ayuda humanitaria a los detenidos, a sus esposas, viudas y huérfanos de los trágicos sucesos de Bagua ocurrido el 5 de junio.

 Además de entregarse alimentos y otros artículos de primera necesidad se les está brindando los servicios de un abogado para que haga el seguimiento legal de los casos de los detenidos, de los heridos y de las viudas.

antolin en bagua

Antolìn Huáscar, presidente de la CNA, conversa con abuelos de niña huerfana

 

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Miguel, enseña la herida de la bala alojado en su hombro

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La Confederación Nacional Agraria (CNA) identificada con en el cumplimiento de los derechos humanos en Perú y en el resto de países, se solidariza y aúna a la campaña internacional en favor de los defensores de los DDHH en Colombia.
 
A continuación compartimos con ustedes la declaración de la Campaña internacional por el derecho a defender los derechos humanos y sus recomendaciones al Estado y Gobierno colombiano
 
 

Colombia: DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS BAJO AMENAZA

 Campaña internacional por el derecho a defender los derechos humanos

logo colombia

 Declaración

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.” Articulo 1, Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores (as) de Derechos Humanos, Diciembre 1998.

Las personas que defienden los derechos humanos y el Estado Social de Derecho en Colombia han sido siempre víctimas de señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia sexual, judicializaciones sin fundamento, ataques violentos y asesinatos perpetrados por todos los actores del conflicto: fuerzas del Estado, paramilitares y guerrillas. Así, Colombia continúa entre los países donde más ataques contra los defensores(as) de derechos humanos se registran.

Pero ahora esta situación ha alcanzado un nuevo nivel de crisis. En abril de 2009 se hicieron públicos documentos que demuestran la existencia de una gigantesca operación de espionaje ilegal del servicio de inteligencia del país, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República, contra aquellas personas que promueven y defienden los derechos humanos, con el objetivo, según los responsables, de “restringir o neutralizar sus acciones”.

El DAS no sólo intercepta ilegalmente llamadas telefónicas privadas de los defensores(as) de derechos humanos, también les hace seguimientos y les toma fotos, a ellos y a sus familias. Unidades de la Policía y el Ejército Nacional también usan operaciones de inteligencia para restringir la labor de los defensores(as). Esta “inteligencia estratégica” vulnera los principios democráticos y se constituye en un atentado contra los derechos humanos en Colombia.

Esta es solo la más reciente de una larga lista de prácticas aberrantes, entre las cuales cabe destacar la parapolítica (la infiltración del Congreso colombiano por los grupos paramilitares), las ejecuciones extrajudiciales, y los ataques en contra de la Corte Suprema

de Justicia, que ponen en tela de juicio si existe la voluntad política para garantizar el Estado Social de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos y todas los colombianos y las colombianas. Es importante destacar que todos estos escándalos fueron revelados al público debido al trabajo de los defensores(as) en su lucha por la verdad, la justicia y la paz.

¿Quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos?

Un defensor o una defensora de derechos humanos es toda persona que, individualmente o junto con otras, profesionalmente o de forma voluntaria, y de manera no-violenta, promueve y protege los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Líderes sindicales, periodistas, académicos, profesores, artistas, ministros y sacerdotes de las iglesias, abogados, jueces, miembros de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales, líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, activistas de los derechos de las mujeres y de la población LGBT* –todos y todas son defensores(as) de derechos humanos.

¿Qué significa defender los derechos humanos?

La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de carácter moral y humanista, orientada a salvar vidas, a prevenir las violaciones graves de derechos humanos y a evitar que la violencia permanezca en la impunidad. Los defensores(as) trabajan por fortalecer el Estado Social de Derecho y exigen cambios en las políticas del

Gobierno y del Estado.

Los defensores(as) de derechos humanos deben tener libertad para denunciar violaciones a los derechos humanos, expresarse libremente, adelantar su labor investigativa o judicial, defender a las víctimas de la violencia, proteger a la población civil, exigir el respeto del Derecho Internacional Humanitario y promover la paz.

Este es el momento para que todos actuemos por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia. Para ello esta campaña busca lograr cambios concretos a favor de los defensores(as) en los siguientes temas:

 1. Poner fin a la impunidad a violaciones contra los defensores(as)

La única manera sustantiva de poner fin a las amenazas, hostigamientos y asesinatos en contra de defensores(as) de derechos humanos es llevar a cabo investigaciones imparciales para identificar a los culpables, incluyendo los autores intelectuales, y llevarlos ante la justicia, enviando así una clara señal de que la violencia y la persecución serán castigadas.

2. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal

Existe información difamatoria y falsa sobre defensores(as) de derechos humanos que ha sido consignada en los archivos de inteligencia civil, policial y militar. Esta información es utilizada para perseguirlos, amenazarlos, desprestigiarlos, judicializarlos y, en algunos casos, asesinarlos.

 3. Poner fin a los señalamientos sistemáticos

Las declaraciones públicas de altos funcionarios gubernamentales, incluido el Presidente de la República, tienden a descalificar el trabajo de defender los derechos humanos y señalar a defensores(as) como aliados de la guerrilla, poniéndoles en una situación de mayor riesgo.

4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento

En Colombia se viene presentando otra forma de persecución: las judicializaciones sin fundamento. Dichas judicializaciones suelen fundarse en falsos testimonios, pruebas manipuladas e informes de inteligencia sin fundamentos y a menudo conducen a la privación ilegal de la libertad de los defensores(as).

5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo

Es importante que el Estado Colombiano ofrezca programas de protección. Sin embargo los existentes han demostrado ser insuficientes e incluso en algunos casos han sido usados para obtener información que luego es utilizada en contra de los mismos defensores(as). Se requiere de una mejora estructural con participación de los beneficiarios(as).

Quienes suscribimos esta campaña rechazamos enérgicamente todas las prácticas que atenten contra la dignidad humana de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Llamamos a todos los actores armados (fuerzas estatales, paramilitares y guerrillas) a que respeten los principios mínimos a los que están obligados. Insistimos en que los derechos humanos deben ser respetados y defendidos por el Estado, porque sólo así se podrá construir una Colombia justa, pacífica y democrática.

 PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ES UNA ACTIVIDAD BAJO AMENAZA: AYUDANOS A DEFENDERLA

 logo colombia

Colombia: DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

BAJO AMENAZA

Campaña internacional por el derecho a defender los derechos humanos

Recomendaciones al Estado y Gobierno colombiano

1. Poner fin a la impunidad a violaciones contra los defensores(as)

1.1. Que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investigue y centralice todas las denuncias, amenazas y violaciones de los derechos humanos contra defensores(as) e:

  • · Identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes;
  • · Haga seguimiento a los casos hasta que se haga justicia;
  • · Haga públicos los resultados de manera periódica.

1.2. Que todas las investigaciones por violaciones contra defensores(as) de derechos humanos que involucren a miembros de la fuerza pública se adelanten ante la justicia penal ordinaria y no por la justicia penal militar, tal como lo han señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Sistema Interamericano y las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

1.3. Que se retiren las Fiscalías delegadas de las brigadas militares, para asegurar la independencia e imparcialidad en sus investigaciones y ofrecer garantías a los defensores(as) de derechos humanos y las víctimas que defienden.

2. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal

2.1. Garantizar que los defensores(as) de derechos humanos tengan acceso a la información contenida en archivos de inteligencia, como es protegido por la Constitución y la Ley de Habeas Data de 2008.

2.2. Garantizar que no se recoja información de los defensores(as) de derechos humanos solamente por la labor que desarrollan. Cualquier información así recogida es ilegal, como lo determina la Sentencia T-1037 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia no debe ser utilizada, por ejemplo como evidencia en un proceso penal.

2.3. Que las autoridades estatales, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación y bajo la supervisión del Sistema de Naciones Unidas, realicen revisiones de informes de inteligencia, para excluir toda información sin fundamento que incrimine o prejuzgue a cualquier persona, en particular a los defensores(as).

2.4. Que la Fiscalía General de la Nación investigue los usos indebidos e ilegales de los informes de inteligencia y que se muestren avances inmediatos y concretos en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra todos los funcionarios implicados en las interceptaciones ilegales del DAS, tanto quienes dieron la orden como quienes la ejecutaron.

3. Poner fin a los señalamientos sistemáticos

3.1. Que el Presidente de la República y altos funcionarios del Gobierno reconozcan con amplia repercusión pública la legitimidad e importancia del trabajo de los defensores(as) de derechos humanos, se abstengan de hacer declaraciones que desprestigien su trabajo, y condenen los ataques en su contra.

3.2. Que la Procuraduría General de la Nación inicie procesos disciplinarios de oficio en contra de todos los funcionarios que con sus  comentarios públicos, su acción o su omisión, promuevan o permitan violaciones a los derechos humanos de los defensores(as), haga informes periódicos y públicos, vigile el cumplimiento de las Directivas Presidenciales 11 de 1997, 07 de 1999, 07 de 2001 y la Directiva Ministerial 09 de 2003, y haga formación preventiva con funcionarios públicos.

3.3. Que el Presidente de la República emita una nueva Directiva Presidencial en la que ordene a todas las autoridades reconocer, respetar y proteger la labor de los defensores(as) de derechos humanos.

4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento

4.1. Que la Fiscalía General de la Nación cree una unidad especial para coordinar el examen y la supervisión de todas las investigaciones penales que existan en contra de los defensores(as) de derechos humanos. Esta unidad debe examinar adecuada y oportunamente si el caso cumple con los estándares del debido proceso y debe cerrar el caso inmediatamente cuando se encuentre que la investigación no tiene fundamento.

4.2. Que se abran procesos penales y disciplinarios en contra de todo fiscal o cualquier otro funcionario público que haya violado la ley investigando a los defensores(as) de derechos humanos sobre indicios falsos o sin fundamento y se ordenen las sanciones correspondientes.

4.3. Que los fiscales rechacen cualquier testimonio que es manifiestamente inverosímil, dejen de influir a los testigos en su rendición de declaraciones, y evalúen con cuidado testimonio de los ex-combatientes y los informantes que reciben beneficios del proceso de reintegración u otros beneficios.

5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo

5.1. Que el programa de protección sea revisado y se concierten, mediante consultas directas con los defensores(as) de derechos humanos, los cambios que se requieran para asegurar que responde a las necesidades de los mismos en todas las regiones del país.

A) Que el Ministerio del Interior y de Justicia cree una unidad especial para coordinar los esquemas de seguridad, cuyo diseño debe ser concertado con los mismos beneficiarios(as).

B) Que se cree un mecanismo para garantizar que los escoltas o conductores asignados no tengan ni hayan tenido vínculos con grupos armados ilegales y que no utilicen su cargo para realizar labores de inteligencia sobre sus protegidos(as).

C) Que en los estudios de riesgo y la aplicación del programa se tengan en cuenta los perfiles de liderazgo, los oficios o trabajos de  compañamiento que adelantan las personas amenazadas, y los informes que elaboran entidades como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, y otras ONG.

D) Que el Ministerio del Interior y de Justicia brinde protección temporal e inmediata (entre las 48 horas de recibir la solicitud) a la persona/organización que lo solicite mientras que se evalúa su situación de riesgo.

E) Que la protección de las personas en riesgo no se realice a través de empresas de seguridad privada.

5.2. Que el Programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, una vez sea ajustado y revisado, cuente con los recursos financieros suficientes que garanticen la efectiva ejecución de las medidas asignadas para la protección de los defensores(as).

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Hoy en la mañana representantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y de la Federación Agraria del Nor –Oriente Peruano (FANORP), hicieron la entrega de numerosas prendas de vestir e implementos de limpieza a los trece hermanos indígenas detenidos por los sucesos de Bagua, en el penal de Huancas, Prov. De Chachapoyas.

Los dirigentes campesinos, señalaron que también se les ha hecho entrega de vestidos para sus esposas e hijos, así como una ayuda económica para que puedan ser visitados por sus familiares y tal vez lo más importante, se ha contratado los servicios de un abogado para que puedan hacer el seguimiento de sus casos.

El comité de ayuda estuvo integrado por Antolín Huáscar y David Ureta, presidente y dirigente de la CNA respectivamente, quienes estuvieron acompañados por Segundo Baca Carhuajulca, presidente de la FANORP y tres dirigentes más, quienes agradecieron a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por las facilidades que les brindaron para entregarles la ayuda personalmente y conversar con ellos.

Los detenidos luego de agradecerles por la ayuda brindada, especialmente por la ropa de abrigo necesaria en aquella zona de bajas temperaturas, les manifestaron no estar de acuerdo con que sean juzgados en Lima, reiterándoles su pedido de ser llevados a Bagua Grande, ya que ahí sucedieron los hechos y por lo dificultad que tienen sus familiares para visitarlos debido al gasto que ello implica. Hoy ir de Bagua a Huancas, demanda un presupuesto sólo en pasajes, ida y vuelta, de S/. 220 soles por persona.

Por otro lado Antolín Huáscar manifestó “estar muy preocupado por la salud de los compañeros  indígenas, dos de ellos están con anemia y uno tercero, apellidado Céspedes, ha perdido la memoria, por lo que requieren una atención médica especializada lo más pronto posible” refirió el presidente de la CNA.

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La Confederación Nacional Agraria, se solidariza con las diversas manifestaciones de los estudiantes y de los otros sectores democráticos de Haití que piden que se cumpla con el aumento del salario mínimo, que actualmente es de $ 1.7 dólares al día y que se mantiene desde 2003 a pesar de que en el 2007 se produjo un aumento en el costo de vida. De igual manera repudiamos las medidas represivas de las autoridades para acallar las voces del pueblo.

A continuación reproducimos un artículo de Patrice Florvilus, integrante de Radio Sel (ARS), que nos da más luces sobre este grave problema que afecta al pueblo haitiano.

En abril del 2009 fue aprobado por el Congreso Haitiano, una aumento en el salario mínimo, de 70 Gourdes (1.7 dólares por día) a 200 Gourdes por día. Sin embargo el gobierno haitiano se niega promulgar esta ley. El salario mínimo en el sector industrial en Haití está fijado desde el mes de mayo del 2003 a 70.00 Gourdes por día. Lo que representa hoy 1.70 $US por día.

Estudiantes de varias facultades de la universidad estatal, mediante diversas manifestaciones han estado exigiendo  la publicación de la ley de aumento salarial adoptada por el poder legislativo. Ante estas manifestaciones ha habido violenta represión policial, con saldos de heridos y muchos más que 24 estudiantes detenidos.

Durante los últimos años (desde el verano del 2007) se produjo un aumento brutal del costo de vida y en particular de bienes estratégicos como el petróleo y los alimentos. El código de trabajo que está en vigor dispone que cada vez que la tasa anual de inflación supera los 10% el Estado debe hacer automáticamente un ajuste adecuado del salario mínimo. Por supuesto esta disposición legal está siendo violada por el Estado.

A iniciativa de un diputado (Steven Benoit) se empezó a discutir una propuesta de aumento del salario diario a 200 gourdes. Después de más de 2 años de discusión las dos cámaras adoptaron un aumento del salario a 200 Gourdes diarios en abril del 2009. El Presidente de la República y el Gobierno haitiano se rehúsan a ordenar la promulgación de la nueva ley en el diario oficial del país.

El primero de mayo del 2009 se produjo una movilización importante de miles de personas convocadas por un frente de organizaciones sindicales llamados: “Colectivo para otro primer de mayo”. El colectivo lanzó a la calle una gran manifestación que fue reprimida brutalmente por un cuerpo especializado de la Policía Nacional impidiendo a los manifestantes de llegar frente al Palacio Nacional en la plaza central de Puerto Príncipe (Champ de Mars).

Durante los meses de mayo y junio la Policía y la MINUSTAH intervinieron violentamente para reprimir manifestaciones estudiantiles llegando al extremo de violar los recintos de la Facultad de medicina lo que está por supuesto prohibido por la Constitución del país.

Las organizaciones empresariales (en particular el ADIH – Association des Industries d’Haïti) empezaron una violenta campaña mediática en contra de la nueva ley de aumento del salario amenazando en botar a la calle 50% del parque industrial de 25.000 trabajadores que laboran en el sector de exportaciones de productos textiles hacia el mercado de USA. Incluso en la mañana de la adopción de la ley de aumento salarial por el Senado de la República algunos empresarios empezaron a despedir trabajadoras.

Las demandas de los estudiantes y demás manifestantes son las siguientes:

1.- Que el Gobierno ordene la promulgación de la ley de los 200 Gourdes diarios

2.- Que los estudiantes heridos sus familias y todas las víctimas de la represión sean indemnizados y reparados por el Estado y que benefician de los mejores tratamientos disponibles para recuperar su salud

3.- Exigir la liberación inmediata de los estudiantes y manifestantes encarcelados

4.- Que los agentes de la Policía Nacional responsables de estos atropellos y del uso desproporcionado de la fuerza sean sancionados

5.- Que se haga una queja formal a las Instituciones de Naciones Unidas para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos y el no respeto de las leyes de nuestro país por las fuerzas de ocupación

6.- Exigir el retiro de las tropas de ocupación culpables de represiones crecientes en contra del Pueblo de Haití

7.- Exigir inversiones adaptadas para fortalecer la Universidad estatal y contrarrestar la ola de privatización del sistema educativo

8.- Exigir la emergencia de un plan de desarrollo equilibrado que no se concentre exclusivamente en zonas francas y que respete los DESC así como los derechos de l@s trabajadores.

En este proceso de lucha, llamamos la atención del arresto el 10 de agosto de dos estudiantes (Guerchang Bastia y Patrick Joseph) por parte de la policía y la MINUSTHA. Fueron detenidos y ya  ha pasado más de una semana sin ser procesado ante la justicia, en franca violación al artículo 25-1 de la constitución haitiana de 1987 de la de Declaración Universal de los DDHH.

El 12 de agosto la policía lanzó gases lacrimógenos en la facultad de ciencias humanas de la universidad y arrestaron otros tres estudiantes (Edwich Edouard,Valcin Alfred y Cesar Herode).

Estos arrestos son ilegales y no constitucionales. Según la Constitución haitiana en su artículo 25.1 y siguientes y los artículos 9-10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la libertad individual es garantía y nadie puede estar privado de esta ella, por más de 48 horas según la constitución haitiana, sin comparecer ante un juez que debe analizar su caso.

En mi condición de abogado y activista de derechos humanos en Haití, he asumido la defensa legal ante los tribunales haitianos de los estudiantes detenidos. La misión es devolver la libertad a quienes están ilegalmente detenidos. En este sentido he seguido un proceso de tramitación legal de casa caso, para lo que ha logrado muy poco hasta el momento. He recibido amenazas personales de personas no identificas hasta el momento.

Desde el día 10 de agosto, como abogado y activista de derechos humanos, he estado denunciando estas violaciones de los derechos humanos y apoyando a estos detenidos, tanto en la prensa como en el palacio de justicia. El pasado viernes de regreso del palacio de justicia y de la oficina del procurador del gobierno he sufrido un intento a mi persona y a un grupo de personas que me acompañaban (que por razones de seguridad no se divulga sus nombres).Pienso que es un acto de intimidación contra la lucha a favor del derecho a protestar y la descriminalización de los movimientos sociales. 

Agradeceré todo acto de solidaridad de ustedes, la verdad que es la lucha continúa y el día de lunes 17 de agosto 2009 he intentado acciones de Habeas Corpus pero sin resultados concretos. El día de hoy 18 de agosto después  una acción investigación y acción en justicia, tres estudiantes son liberados (Guerchang Bastia, Patrick Joseph y Edwich Edouard).Luchamos ahora para los otros detenidos.

El pueblo haitiano necesita el apoyo de todos y todas para ayudarle en este momento muy difícil de su historia.  Entiendo que, a nivel regional, en toda América Latina, podemos generar una fuerza mediática de denuncia de esta situación, ya no tanto por mi seguridad personal, sino por la lucha misma de los y las estudiantes en Haití. Es urgente acciones de denuncia pública. (Patrice Florvilus)                           

                                                                                                                  19 de agosto, 2009-08-19

Patrice Florvilus, es integrante de Radio Sel (ARS), afiliado de CEAAL, Coordinador de CLADE – Campaña Latinoamericana de Educación en Haití.

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PRACTICAS_AMBIENTALES-1

 

PRACTICAS_AMBIENTALES-2

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