La Confederación Nacional Agraria (CNA) se solidariza con los organizadores del I Encuentro Nacional de Víctimas por Metales Tóxicos de la Actividad Minera, ante las oscuras maquinaciones en contra de su realización, de parte de las autoridades de la comuna perleña. Para mayor detalle compartimos con ustedes, nuestros amables lectores, una crónica del colega Raúl Chacón Pagán sobre estos lamentables sucesos que esperamos no vuelva ocurrir.
Autor: Raúl Chacón Pagán. El E-COCHASKI Nº 28
La mañana del viernes 4 de setiembre, los asistentes al I Encuentro Nacional de Afectados por los Metales Tóxicos de la Minería se dieron con una ingrata sorpresa al constatar que el local pactado les era torpemente negado. En efecto, el auditorio de la municipalidad de La Perla, según un improvisado vocero edil, no podría ser usado por ellos por no contar con fluido eléctrico y porque los afectados no contaban con una autorización escrita del alcalde. Lo extraño, además del inoportuno apagón, era que el alcalde sólo había dado su conformidad de manera verbal a los organizadores del Callao, por lo cual no tenía sentido ese pedido. Y lo más extraño es que, sin previo aviso, el alcalde se había borrado del mapa, habiendo sido programado para inaugurar el encuentro. Por si esto fuera poco, en el local municipal no había algún otro funcionario que diera la cara en su lugar, salvo el mencionado vocero.
Pero quienes sí dieron la cara poco después fueron los miembros de la Dirección Nacional de Operativos Estratégicos (DINOES) y del serenazgo distrital, plantándose en la puerta del local, impidiendo la salida de quienes habían logrado entrar y el ingreso de quienes no lo habían conseguido. La indignación, aunque contenida, de los asistentes de Lima y provincias se estrelló en sus escudos y ciega obediencia a órdenes venidas de algunas altas esferas.
Para terminar de complejizar el panorama, circuló el rumor de que la causa del lío era que entre los asistentes al Encuentro se habían detectado cuatro delincuentes terroristas. Pero ninguno de estos fue molestado durante los dos días de la actividad, no habiendo noticia de captura alguna. Una segunda versión que circuló fue que lo acontecido fue una represalia por no haberse aceptado el ofrecimiento del vicepresidente regional del Callao de apoyar con la alimentación de los asistentes, a cambio de inaugurar la actividad. La nota curiosa la puso un miembro de la oposición política local, quien se esforzó en posar, en la plaza, junto a los afectados para la foto de algunos representantes de la prensa capitalina. Lo mejor de todo fue que, además de esta prensa, se acercó una reportera de Telesur, así como una delegación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En ese sentido, el tiro le salió por la culata a quienes habrían pretendido boicotear la reunión, por la razón que fuera, pues concitó un nivel de atención algo mayor que el que hubiera recibido en circunstancias normales. Y, pese a todo, tras las coordinaciones previas, se realizó en la Casa del Maestro los dos días programados.
Sin embargo, debe llamar a reflexión que se haya querido obstaculizar una actividad totalmente legal y planificada, usando argumentos deleznables así como la fuerza policial de elite. El mensaje dado fue claro: Los afectados por los metales tóxicos de la minería no la tendrán fácil para organizarse en paz, y mucho menos en un local del Estado, que es, a fin de cuentas, de todos los peruanos. Así, el Estado peruano se coloca al margen de un proceso organizativo totalmente legítimo, demostrando que su capacidad de diálogo con los principales afectados por la minería es nula, al menos mientras usen sólo medios pacíficos y legales. Siendo así, ¿debería extrañarle a alguien el alto número de conflictos sociales que se dan en el país, y que estos sean la manera más efectiva de atraer la atención de los gobernantes?. Al menos para armar ese mecanismo, cada vez más desprestigiado, llamado mesa de diálogo. Menos mal que las principales demandas de los afectados organizados son: la realización de un registro de víctimas de intoxicación por metales y el establecimiento de una comisión de la verdad ad hoc para su temática.
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